Los cargos públicos pueden jurar o prometer, pero siempre ante el crucifijo - La verdadera modernización del Estado aún tiene asignaturas pendientes
La estampa de modernidad que exhibe España estos días, con una ministra de Defensa joven y embarazada y el Gobierno más paritario de la UE, tiene un canto apolillado. La toma de posesión ante el crucifijo sigue señalando la asignatura pendiente de España como Estado laico y aconfesional. Un país en el que militares y policías desfilan en procesiones religiosas, donde aún quedan cruces en colegios o donde la Iglesia nombra a capellanes castrenses.
¿Por qué los ministros juran o prometen el acatamiento a la Constitución ante una Biblia y un crucifijo, al modo impuesto por el dictador Franco? ¿Debe ser el ritual de los actos públicos el propio de un Estado confesional? ¿Tendría también derecho un futuro ministro musulmán -ya son más de un millón en España- a exigir el Corán? Para los defensores de la sociedad laica, imágenes como la reciente toma de posesión del Gobierno, pero también otras manifestaciones de privilegio de la religión católica, desde el Concordato hasta su financiación, son acicates para una batalla que se presume larga.
Los menos escrupulosos a la hora de relacionar política y religión apelan a las costumbres.
Durante la campaña electoral, un periodista de EL PAÍS preguntó al presidente Rodríguez Zapatero por la liturgia católica en actos públicos como la toma de posesión de los ministros. El presidente no se mostró partidario de modificar un procedimiento que preside el Rey. Porque es allí, en la sala de audiencias de la residencia oficial de los Reyes, donde el acto de promesa o juramento tiene lugar cada vez que hay cambio de Gobierno.
Pero los signos religiosos no tienen base legal. El protocolo está regulado por un decreto de 1979 que permite elegir entre prometer y jurar el acatamiento a las normas constitucionales y lealtad al Rey, aunque no hace referencia a los símbolos religiosos. Jurar implica "afirmar o negar una cosa, poniendo por testigo a Dios, o en sí mismo, o en sus criaturas", según el diccionario de la RAE.
Y es precisamente esa invocación divina el argumento que esgrime un portavoz oficial del Palacio de la Zarzuela para no abordar un eventual cambio de costumbres: "Jurar por Dios requiere la presencia de sus símbolos. Mientras no se modifique el decreto, nosotros no alteraremos el escenario".
Sin embargo, diputados y senadores acatan los preceptos constitucionales a comienzo de cada legislatura con una fórmula muy similar, y en el Parlamento no resultan visibles ni biblias ni crucifijos. A lo más que llegan los políticos es a distinguir entre "jurar" o "prometer" la posesión del escaño. Los ministros y parlamentarios del PP suelen jurar el cargo y los socialistas, prometerlo. ¿Es conservador jurar y progresista prometer? Semánticamente, no. Jurar es también "someterse fielmente a los preceptos constitucionales de un país", en tanto "prometer" garantiza "la certeza de lo que se dice".
El diputado socialista Victorino Mayoral, presidente de la laicista Fundación Cives, señala que "se ha sobrentendido durante toda la democracia que quienes prometen invocan compromisos cívicos y quienes juran, valores religiosos". Es el caso del católico José Bono, el único ministro de los gobiernos de Rodríguez Zapatero que ha jurado en lugar de prometer -fue en 2004, durante la toma de posesión de la cartera de Defensa-. También tiene presente a Dios en este tipo de ceremonias públicas el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte, para quien jurar el acta de diputado "es un compromiso íntimo de presente y de futuro". "Yo creo que existe Dios y creo que existe el más allá. Y cuando me comprometo pienso en la trascendencia, en que lo que estoy haciendo sobrepasa el momento presente y abarca mi religiosidad", se explica.
Martínez Pujalte no tiene claro, sin embargo, si deben permanecer los símbolos católicos en las tomas de posesión como recordatorio de la supremacía de la religión católica en España. "Yo soy economista, sé de inflación. De eso que pregunta, no sé. No lo he pensado. No me molestan esos símbolos".
A Celia Villalobos, ministra de Sanidad con José María Aznar, tampoco le molestan las biblias y los crucifijos, aunque ella no los use. "Siempre he prometido los cargos, forma parte de mi compromiso ético. Eso de jurar es para los católicos practicantes", dice. Desde que estaba en Alianza Popular, Villalobos era ya excepción en su partido. "El día que prometí, en 1984, el acta de diputada, Manuel Fraga me miró incrédulo y preguntó: ¿Y esta exótica, quien es?", recuerda, riéndose.
No ha estado sola. En el PP, Josep Piqué, Cristóbal Montoro, Jaume Matas y Francisco Álvarez Cascos también fueron ministros con Aznar tras prometer el cargo.
Pero no todos han sido tratados con tolerancia. Enrique Sánchez Motos, dirigente de la Iglesia de Unificación -conocida como Iglesia Moon- iba a ser nombrado, en septiembre de 1996, jefe del gabinete técnico de la subsecretaría de Justicia. Ya se había despedido de sus compañeros del Ministerio de Hacienda cuando el que iba a ser su jefe le preguntó por sus creencias religiosas con vistas a preparar la Biblia para su toma de posesión. Reveladas éstas, el nombramiento fue revocado. "Nunca nadie ha durado menos en un cargo", bromeaba en este periódico hace pocos años.
Sánchez Motos olvidó el incidente y no recurrió al Tribunal Constitucional, que en otros casos ha sentado doctrina. Los catedráticos de Derecho Eclesiástico José María Contreras y Óscar Celador la recogen en su informe Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas. Citan, entre otros, el caso del sargento que se negó a participar en Valencia en un homenaje militar a la virgen de los Desamparados, designada en 1810 capitana general de la región de Levante. Y el conflicto del policía que rehusó participar obligatoriamente en una procesión de Semana Santa de cuya cofradía, la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús el Rico, era su unidad miembro de honor. En ambos casos, el tribunal amparó el derecho de los represaliados a no participar en tan castizos actos por motivos de conciencia. También recogen en el informe el denominado caso Buscarini, por el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a San Marino. Este pequeño Estado obligó a sus parlamentarios a jurar el cargo sobre los evangelios católicos. El tribunal dictaminó, según los mencionados catedráticos, que "la presencia de símbolos religiosos en los actos de toma de posesión de cargos o funcionarios públicos representa una vulneración del derecho a la libertad de conciencia y supone la ruptura de las reglas del Estado democrático y, por lo tanto, del principio de laicidad".
Aunque son conscientes de que falta aún mucho trecho por recorrer, los impulsores de una sociedad más acorde con la aconfesionalidad que consagra la Constitución ven signos positivos de laicidad. "Antes era raro el colegio que no contaba con un crucifijo en clase. Incluso formaba parte de la financiación pública en el apartado de mobiliario escolar. Ahora este capítulo de gasto ya no existe", señala el diputado Mayoral, que juzga la presencia de la cruz como "herencia del nacionalcatolicismo". El catedrático de Derecho Eclesiástico Oscar Celador aconseja a los ministros, católicos o no, que tengan la Constitución como referente único: "Si echan de menos los símbolos religiosos, nadie les impide llevar medallas bajo la ropa".
Por JOAQUINA PRADES
- Estados Unidos. El presidente puede elegir si ?jura? o ?afirma? defender la Constitución. Pese a ser un estado laico, el electorado es mayoritariamente cristiano, así que la inmensa mayoría de los presidentes ha jurado con la mano sobre la Biblia, y a las palabras contempladas en la Constitución añaden una coda: ?Ayúdame, Dios?. Pocos se han saltado esa tradición. Entre ellos, Theodore Roosevelt en 1901.-
Francia. No hay juramento ni ceremonia oficial de toma de posesión del primer ministro ni de los miembros del Ejecutivo. La estricta aplicación del principio del Estado laico impediría, en cualquier caso, la utilización de símbolos religiosos. La toma de posesión del presidente de la República tampoco tiene guión preestablecido.
- Italia. El jefe de Gobierno y sus ministros juran en las manos del presidente de la República y ni ése ni otros actos relevantes conceden protagonismo a los símbolos religiosos. La polémica es la omnipresencia de crucifijos en tribunales y escuelas, basada en normas aprobadas durante el ventenio fascista. En los juicios se ha sustituido la formula del ?juro decir la verdad? por el ?prometo?. Pero los crucifijos siguen colgando de las paredes, con el consentimiento de una clase política repleta de católicos en prácticamente todos los partidos.
- Alemania. Por sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno está obligado a retirar de las escuelas públicas los crucifijos cuando al menos un alumno de cada clase lo haya reclamado
- Reino Unido. Los diputados proclaman su adhesión a la reina y sus herederos. Es un juramento ?ante Dios todopoderoso?, con un ejemplar del Nuevo Testamento en la mano. El sistema tiene objeciones, como la de los diputados norirlandeses del Sinn Fein, opuestos a someterse a la obediencia de la corona. Han sido sistemáticamente excluidos del Parlamento.
Con información de P. Tubella (Londres), D. Alandete (Washington), J. M. Martí Font (París) y A. Rizzi (Madrid).
La transición pendiente
En los últimos 30 años nuestro país se ha convertido en una sociedad postradicional y compleja. Tenemos que abordar problemas que no fueron centrales en la transición política y ahora lo son. Uno de ellos es la articulación de una ciudadanía diversa, dado que ha desaparecido la uniformidad moral y religiosa. España necesita más laicidad para resolver cuestiones que van a marcar la etapa política que ahora se inicia. La laicidad es una forma de afrontar la pluralidad. Frente a los integrismos que pretenden recortarla y a los comunitarismos identitarios generadores de antagonismos cívicos, propugna el arco iris de culturas, la apertura a la contaminación y el contagio con otros valores.
No basta con un Parlamento más civilizado. Necesitamos reconstruir una cultura del diálogo nacional y recomponer las relaciones entre españoles enfrentados. Para ello hay que practicar las virtudes laicas de la tolerancia activa, la autocrítica, la amistad cívica con los adversarios y el cultivo del límite de cada identidad. También sería conveniente el boicoteo a los medios que cada mañana siembran el odio.
El Estado laico es la institución que mejor puede garantizar la convivencia de una ciudadanía plural. Conviene reforzar su neutralidad y autonomía frente a toda pretensión eclesiástica o ideológica de imponer unas tesis que impidan el ejercicio de la diversidad cívica. Para que pueda desarrollarse el proyecto constitucional de cooperación con las religiones, éstas han de autorregularse desde el reconocimiento de la soberanía del Parlamento y renunciar a ser la casta sacerdotal que dictamina la legitimidad moral de las leyes. La posición de los obispos y algunas asociaciones católicas apoyando la objeción de conciencia a la Educación para la Ciudadanía constituye un peligroso desafío al Estado, y convendría que el Constitucional interviniera pronto para cerrar de una vez por todas esta cuestión.
El refuerzo de la laicidad en España está asociado a los nuevos desafíos éticos y jurídicos que provienen de la necesidad de legislar sobre nuevos problemas relacionados con los avances de la ciencia y la tecnología y su uso para mejorar los ciclos de vida y muerte. Debemos combinar los principios de libertad y precaución moral; por eso, la bioética es central y debe ser incorporada a los procesos políticos.
Más temprano que tarde habrá que legislar sobre eutanasia y biomedicina. No es lo mismo que sobre tráfico u obras públicas, y por eso tenemos que crear una pedagogía ética prepolítica y adiestrarnos en la cultura de la deliberación moral. A ellas deberán incorporarse todas las comunidades e instituciones que deseen intervenir en la configuración de una razón pública moral que ilumine las leyes que han de crearse para una vida y una muerte más dignas.
No basta con tener un Estado y un Parlamento laicos. Lo más importante es la construcción de la laicidad en la sociedad civil. El futuro de España está asociado a la educación moral y espiritual para una ciudadanía socialmente activa. Nadie puede quedar fuera de esta tarea. Por eso tenemos que crear una alianza y un proyecto de trabajo cooperativo de las diversas culturas cívicas que existen en nuestro país.
En la sociedad existen culturas conservadoras, liberales, cristianas, islámicas, socialistas, nacionalistas, ecologistas, feministas. Con mayor o menor intensidad, tienen proyectos y trabajos para la creación de ciudadanía moral, social y espiritual. Tenemos que crear espacios de encuentro y diálogo entre ellas y estimular acciones conjuntas para una España más intercultural, ecologista y solidaria. Un país que dé prioridad a la integración de los inmigrantes para impedir nuevas formas de exclusión.
La laicidad es una cultura de la cooperación de sujetos e instituciones que renuncian a imponer su hegemonía, se esfuerzan en aprender unos de otros y buscan colaborar para el bien común del país. En estos días en que se inaugura la gran exposición sobre Goya, convendría que aprendiéramos el mensaje del cuadro Duelo a garrotazos. Quizá nos ayudaría a construir la España plural del diálogo, la tolerancia activa y la convivencia en paz.
Rafael Díaz-Salazar es profesor de Sociología y autor de España laica.
FUENTE : EL PAIS 16-04-2008
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