Filias y fobias políticas de los medios de comunicación en Bolivia: el caso de PRISA

por Tania Martínez Portugal


La reciente salida de Bolivia de la transnacional española PRISA responde a las dificultades financieras que atraviesa el grupo empresarial, [1] pero también a la pérdida del favor gubernamental del que gozaba en el país hasta la llegada de Evo Morales a la presidencia. Según denunciaba el periodista Ricardo Bajo H. en su artículo “¿Se va PRISA de Bolivia?”, el grupo deseaba irse del país desde 2005, debido a que tanto económicamente como políticamente su permanencia era “deficitaria”. ¿Cuáles eran entonces las ventajas políticas de las que gozaba hasta entonces PRISA en el país? ¿Quiénes fueron sus aliados políticos?, ¿a cambio de qué? Para dar respuesta a estos interrogantes es necesario realizar un esbozo previo que nos introduzca a la realidad de los medios de comunicación en Bolivia, un entramado de agrupaciones político-mediáticas propiedad de las familias de la oligarquía tradicional. Con tentáculos en diferentes rubros y detentoras de cargos políticos durante los diferentes regímenes conservadores y dictatoriales, las élites tradicionales bolivianas han colaborado históricamente con el capital extranjero con el único fin de enriquecerse y asegurar su permanencia en el poder.
 
Los agrupamientos político-mediáticos en Bolivia
 
Bolivia, uno de los países más pobres de toda América Latina, aúna en sí mismo todos los males de los que ha adolecido la región: exclusión, desigualdad, racismo, abuso de poder por parte de las élites reaccionarias, corrupción, persecución política, expolio de sus recursos por parte de multinacionales extranjeras, vulneración de derechos humanos y sociales y, además, la distorsión de la realidad social y política por parte de los medios de comunicación. No en vano, Bolivia ocupa el segundo puesto de corrupción en “medios de comunicación” en Latinoamérica, según un estudio realizado el pasado año por la organización Transparencia Internacional (TI). [2]
 
El pasado año, Edgar Ramos Andrade, periodista e investigador social, presentó un estudio [3] en el que analiza el comportamiento de los medios privados (más del 80% en total) y desteje los hilos del entramado político económico que se encuentra detrás de cada agrupación mediática. En total son 12 los grupos o redes de sistemas mediáticos privados detectados por el autor.
 
El de mayor envergadura, Grupo El Deber, pertenece a la familia Rivero-Jordán. Pedro Rivero, uno de los propietarios junto con su mujer Rosa Jordán, fue funcionario de Gobierno como Embajador de Bolivia ante la República de Francia y ante la UNESCO de 2001 a 2002, durante las gestiones presidenciales de Hugo Bánzer (el que fue dictador y posteriormente reelegido democráticamente), Jorge “Tuto” Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.
 
La familia Rivero-Jordán es propietaria de 9 diarios, 2 radio emisoras, el canal de televisión TV Mayor, y de acciones en la Red Satelital PAT. El grupo manifiesta en los editoriales de su diario insignia, El Deber (Santa Cruz) y en otros de la misma agrupación, un apoyo explícito a la denominada “institucionalidad cruceña”, es decir, a la elite económica y social blanca del oriente boliviano con una cultura muy racista hacia la población indígena. En los contenidos del diario y de los diferentes medios, se excluyen a los “colonos, collas o indígenas del oriente” como protagonistas de la noticia, resaltando sin embargo “los reforzados vínculos entre personajes de las multinacionales con la neo-oligarquía local”. En su editorial del 4 de febrero de 2005, El Deber se auto calificaba como “uno de los medios que tienen capacidad de influir en las decisiones políticas, económicas, culturales y sociales en el país”.
 
Otro de los grandes grupos es el Grupo Kuljis, al que pertenece el diario El Mundo, y la emisora televisiva Red Uno, entre otros doce canales. Caracterizado por una poco disimulada defensa de sistemas políticos conservadores, este grupo empresarial abarca rubros tan dispares como la agricultura, la ganadería, la banca privada, industria papelera, universidades privadas y supermercados. Su propietario, Ivo Kuljis, fue el fundador del partido político Movimiento Unidad y Progreso (MUP), candidato a Presidente de Bolivia por Unidad Cívica Solidaridad en 1997, y candidato a la Vicepresidencia junto Manfred Reyes Villa (Nueva Fuerza Republicana) en 2002; todos ellos partidos conservadores y ultra-conservadores.
 
El tercer gran grupo mediático es el consorcio que se formó entre los Grupos Garafulic (Bolivia) y PRISA en octubre de 2000, y del que pasaremos a hablar más adelante. El resto, El Grupo Líder (consorcio de las familias Rivero-Canelas), Grupo Asbún- Red Bolivisión, Grupo Canelas, Red PAT, Red Panamericana, Grupo Mega, Red Cadena A, Red Unitel, y el Grupo Fides (éste último pertenece a la oligarquía eclesiástica); repiten el mismo esquema de agrupación empresarial privada con relaciones institucionales vinculadas a la derecha política del país, y con negocios en diferentes sectores estratégicos: partiendo de la industria mediática y hasta la minería, son propietarios o co-propietarios de compañías aéreas, empresas publicitarias, servicios corporativos, editoriales y cadenas de hoteles, entre otros.
 
Al otro lado, y en una desventaja cuantitativa significativa, se encuentran los medios impulsados por el gobierno del MAS. Desde su llegada a la presidencia, Evo Morales ha sufrido una agresiva campaña de desprestigio por parte los medios privados de comunicación, más aún, desde el anuncio de dos medidas vertebrales de su programa gubernamental: el inicio de la nacionalización de los hidrocarburos, y la redistribución de la tierra. De hecho, las empresas de comunicación más hostiles son de propiedad de latifundistas afectados por la política agraria gubernamental. [4]
 
Según una investigación realizada entre el 12 y el 18 de diciembre de 2005, días previos a las elecciones que dieron el triunfo al MAS, Unitel fue el mejor exponente del desequilibrio informativo en días previos a las elecciones. Se monitorearon 144 horas de pantalla de los informativos de Canal 7, ATB, Red Uno, Bolivisión, Unitel, PAT y Cadena A. La línea editorial de casi todos fue decididamente contraria a la candidatura de Morales e incluyó juicios de desvalorización intelectual, política y étnica. Unitel, entrevistó en directo al candidato a Prefecto de La Paz por Podemos y al candidato del MAS le dio un minuto.
 
En Radio Oriental, el locutor Luis Arturo Mendivil Ortiz dirige y conduce un programa de lunes a viernes a partir de las 12:30 (horario de mayor audiencia radiofónica en Bolivia) en el que mediante un discurso abiertamente racista (“colla de mierda”) no duda en dirigir improperios contra el actual presidente, y lanzar arengas a la “Unión Juvenil Cruceñista” para que opten por la violencia como forma de defender sus ideales. En palabras del periodista César Fuentes, “Antes, los medios en general guardaban respeto por la investidura presidencial, pero hoy filtran cualquier declaración, como la de un diputado de “Podemos”, que pedía vacunar a Evo contra la rabia. Golpean duro a Morales, el “colla resentido” que “dice estupideces”...se ha visto jovencitos en la TV hablando mal de la madre del presidente. La palabra “presidente” está desapareciendo de los titulares”. [5]
 
Morales confía en la madurez del pueblo para reconocer las manipulaciones mediáticas: “Vamos a enseñarles como se gobierna sin resentimientos. Seguiremos recibiendo agresiones y provocaciones, pero no nos asustan”. [6] Ante este panorama, no es casualidad que el presidente y los sectores afines al MAS hayan optado por la estrategia de creación y fortalecimiento de medios afines, como la publicación de el diario Cambio, de clara línea pro-gubernamental, o el fortalecimiento de la Red de Radios Comunitarias. “Poco a poco vamos a armarnos. Este año (2006) instalaremos 30 radios comunitarias en Bolivia y luego vamos a saltar a la televisión (...) No sólo los empresarios tienen derecho a instalar una radio o un canal de televisión, sino también los pueblos originarios y los sectores empobrecidos, para decir nuestra verdad, para educarnos, para informarnos”, decía el presidente cumplido un año de su mandato.
 
Grupo PRISA, el extranjero
 
El Gobierno boliviano estableció en el año 2000 políticas para atraer la inversión directa que beneficiaban sobremanera a las multinacionales (venta barata de empresas estatales, reducción de normativa ambiental y laboral, ausencia de impuestos, etc.). Las políticas estaban orientadas para satisfacer las demandas de las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los intereses económicos de EEUU y Europa, así como para beneficiar a la elite del país.
 
Precisamente en ese periodo se estaba dando la mayor expansión internacional de las multinacionales españolas. Y su principal destino ha sido América Latina. Aunque Bolivia no ha sido el país que mayor Inversión Extranjera Directa (IED) española ha concentrado sí ha tenido numerosas multinacionales españolas actuando. Dedicadas a operar en diferentes sectores estratégicos para la economía, Repsol YPF, Unión Fenosa, Iberdrola, Agbar, BBVA, Aena, Abertis, Abengoa, etc. [7] acompañaron al grupo PRISA (Promotora de Informaciones S.A) en su llegada a Bolivia. PRISA aterrizaba además de la mano de otra gigante compañía de la información, el Grupo Garafulic.
 
El Grupo Garafulic constituyó hasta el año 2000 el mayor imperio mediático jamás visto en Bolivia. [8] Su “buque insignia”, el diario La Razón, fue fundado en 1990 por un grupo de 10 empresarios, entre ellos, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos empresarios que posteriormente se convertirían en ministros de su gobierno, Fernando Illanes y Fernando Romero. Cinco años más tarde el Grupo Garafulic compró el 50% de las acciones de Comunicaciones EL PAÍS, sociedad que publica La Razón. Finalmente, gracias a una estrategia empresarial ascendente, en la que influyó de manera significativa la amistad que mantenía Raúl Garafulic con el presidente Jorge “Tuto” Quiroga, consiguió hacerse con el resto de las acciones.
 
Siendo embajador boliviano en España del dictador Hugo Bánzer (elegido democráticamente presidente en 1997) Raúl Garafulic conoce a Jesús De Polanco. En octubre de 2000, el Grupo Garafulic y PRISA llegan a un acuerdo de asociación mediante el cual PRISA invierte 10 millones de dólares, garantizados con las rotativas del diario La Razón. Este acuerdo quebró por incumplimientos contractuales de Garafulic, y cuando PRISA se hizo cargo de la gestión descubrió el desvío de más de veinticinco millones de dólares a otras empresas, propiedad del empresario boliviano, destinados a pagar una deuda por la hipoteca de la imprenta rotativa de La Razón. Ante estos hechos, el grupo PRISA decide recurrir en contra de Garafulic ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio.
 
Ya en manos de PRISA, y en el contexto que acabamos de describir, La Razón comienza a desarrollar una línea editorial afín a los intereses de las multinacionales españolas en el país, con tinte puramente neoliberal. Situación que se agudiza aún más con la llegada al poder del “masismo”, como reacción al proceso de cambio emprendido por el nuevo gobierno. Los últimos años de PRISA en Bolivia, a través de su participación en la cadena ATB, el periódico La Razón, Extra y El Nuevo Día, se deslizan entre los intentos de la multinacional por deshacerse de las inversiones poco rentables, y la continuidad de su actividad periodística de alineación política conservadora y a favor de los intereses de las transnacionales españolas. [9]
 
Sin embargo, en su entrada en Bolivia, PRISA no sólo gozaba del beneplácito de los sectores conservadores bolivianos. El “acompañamiento” que la diplomacia española, con las reiteradas visitas de cargos públicos y del Rey al país, y las políticas económicas del Gobierno español han realizado en favor de los intereses de las empresas estatales, envuelven a PRISA en otra polémica. Y es que a través de un crédito correspondiente al Fondo de Ayuda al Desarrollo concedido en 2001, Santillana, empresa perteneciente al grupo PRISA, fue beneficiada con 1.050.000 dólares destinados al suministro de equipamiento educativo.
 
Los textos de la editorial Santillana, la cual ganó la licitación para la elaboración de textos escolares durante el mandato de Hugo Bánzer, son una herramienta más de colonización cultural. En sus ilustraciones, se obvia la realidad multicultural del país y, según denuncia Alejandro Dausá, [10] el tratamiento de la información obedece a unos valores dudosos: “La fragmentación de información al estilo de la peor televisión: temas complejos se resuelven con un bombardeo de recuadros en los que todo parece tener el mismo valor; contienen opiniones, párrafos entresacados de otros textos, preguntas, afirmaciones taxativas. Todo es mínimo, momentáneo...y descartable”. Valores externos y que poco tienen que ver con las tradiciones, creencias, y procesos culturales de la sociedad indígena y campesina boliviana, que representa más del 60% de la población.
 
En junio del pasado año Evo Morales anunció la pronta salida de la editorial Santillana de Bolivia, “Ustedes saben cómo estaban siendo impuestas normas bajo un estado colonial, normas que venían desde afuera. Nuestro ministro de educación me informaba esta mañana sobre la editorial santillana, una forma de imposición colonial para la formación de nuestros estudiantes”. [11]
 
Tras la paulatina venta de sus negocios menores (el diario El Nuevo Día de Santa Cruz, o su participación en el accionariado de la cadena televisiva ATB), finalmente PRISA consiguió vender el pasado octubre el diario La Razón a una consorcio Venezolano. ¿Qué queda entonces de PRISA en Bolivia? ¿Cuál es la huella que ha dejado? No ha aportado calidad informativa, ni mejorado el derecho a la información, ni contribuido a una mejora de la educación y promoción de la cultura boliviana, sino todo lo contrario, precisamente porque entre sus prioridades como grupo empresarial está el máximo beneficio (propio).

 (*) Tania Martínez Portugal, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)
 
Notas:
 
[1] El grupo arrastra una deuda que asciende a cinco mil millones de euros, según denuncia el periodista e investigador Pascual Serrano en su artículo “La crisis golpea a El País”, Le Monde Diplomatique, 18 de febrero de 2009.
 
[2] Transparency International, “Informe sobre el Barómetro Global de la Corrupción de Transparency International 2009”. disponible en Transparency International.
 
[3] El estudio titulado Manipulicidio. Tomo I, Medios de comunicación privados, “discurso perfecto”, lamento político. Bolivia siglo XXI no ha sido aún publicado, por ello agradecemos al autor que proporcionara a OMAL una copia del manuscrito.
 
[4] El dueño de Unitel, del Grupo Monasterio, Osvaldo “Pato” Monasterio, es uno de los principales accionistas del Banco Ganadero, criador de ganado de raza, propietario de más de diez mil hectáreas de tierra y ex senador por el MNR. Ivo Mateo Kuljis, dueño de la cadena de televisión Red Uno, fue tres veces candidato con partidos de derecha, uno de los más importantes accionistas del Banco Económico, y también ganadero.
 
[5] “Evo Morales se declara víctima de los medios”, El juguete rabioso, el 1 de octubre de 2006.
 
[6] Ídem.
 
[7] Alejandro Dausá, "Santillana y el pensamiento único". ALAI, América Latina en Movimiento, 15 de junio de 2009.
 
[8] Myriam Gómez “Historia de la televisión en Bolivia” publicado en un blog sobre estructura de la comunicación.
 
[9] “Repsol califica de difícil la negociación con Bolivia”, La Razón, 24 de julio de 2008; “España pide a Bolivia normas claras para sus inversiones”, La Razón, 11 de junio de 2009; “Repsol, reconocida como mejor empresa energética”, La Razón, el 3 de septiembre de 2009; “El Rey de España y los empresarios piden reglas claras a Evo”, La Razón, 15 de septiembre de 2009.
 
[10] Alejandro Dausá, "Santillana y el pensamiento único". ALAI, América Latina en Movimiento, 15 de junio de 2009.
 
[11] “Bolivia eliminará los libros de texto de la española Santillana”, Reuters, el 17 de junio de 2009


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