Más de cien economistas de diversos países han dirigido una carta a los miembros del Congreso estadounidense, solicitando que actúen frente al fallo del juez Thomas Griesa de la Corte Distrital de Nueva York, que obliga a Argentina a pagar el 100% de la deuda y al contado a los acreedores que se negaron a renegociar los bonos; y mientras esto no suceda, le obliga al país a suspender los pagos regulares al 92,4% de acreedores que sí renegociaron. En la carta, los economistas advierten que el fallo puede afectar, no solo a Argentina, sino a los propios Estados Unidos y sus instituciones financieras, como también al sistema financiero internacional.
De cumplir el fallo, Argentina tendría que pagar unos 1500 mil millones de dólares, equivalente al 100% del valor nominal más los intereses impagos, a los llamados “fondos buitres”, que significa que obtendrían ganancias extraordinarias del más del 1000% de su inversión inicial, puesto que compraron los bonos en el mercado secundario por 20% o menos de su valor nominal. Pero el mayor riesgo es que podría desencadenar un aluvión de demandas de los tenedores de bonos de deuda reestructurada, debido a una cláusula en el contrato del canje que les permite reclamar si el país mejora su oferta a otros acreedores antes de 2015. Por ello, el gobierno de Cristina Fernández trata de postergar el pago hasta al próximo año, aunque le signifique aumentar el pago final a los fondos buitres.
Entretanto, el Gobierno argentino ha informado que, este miércoles 6 de agosto, instará al Bank of New York Mellon (BoNY) y al Citibank que distribuyan los fondos correspondientes a los acreedores de la deuda reestructurada, que el gobierno depositó oportunamente para este propósito, pero que se encuentran bloqueados por orden del juez estadounidense. El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, aseveró que hay un contrato que debe ser ejecutado y que Argentina cumple rigurosamente cada una de las cláusulas del contrato.
Capitanich informó también que el gobierno estudia apelar al Tribunal Internacional de La Haya para desbloquear los pagos a los tenedores de bonos reestructurados. Entre tanto, las agencias calificadoras de riesgo internacionales han declarado al país en cese de pagos, lo que el Gobierno argentino niega, al sostener que ha cumplido sus obligaciones financieras y que la congelación de los fondos destinados a los acreedores de deuda reestructurada es responsabilidad de la Justicia estadounidense.
A continuación, el texto de la carta de los economistas (traducida del inglés por ALAI).
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31 de julio de 2014
Estimado miembro del Congreso:
Observamos con preocupación los recientes acontecimientos en el caso judicial de Argentina vs NML Capital, etc. La decisión de la Corte Distrital – y especialmente su medida cautelar que actualmente impide a Argentina efectuar los pagos al 93 por ciento de sus tenedores extranjeros de bonos – podría causar daños económicos innecesarios al sistema financiero internacional, como también a los intereses económicos de Estados Unidos, a Argentina y a las políticas estadounidenses bipartidistas de alivio de la deuda de los últimos quince años. Le exhortamos a actuar ahora para buscar soluciones legislativas que mitiguen el impacto nocivo del fallo de la corte.
Por diversas razones, los gobiernos a veces se encuentran en situaciones en las que no pueden continuar con el servicio de su deuda soberana. Esta era la situación de Argentina a finales de 2001. Luego de años de negociaciones, Argentina llegó a un acuerdo de reestructuración con el 93 por ciento de los tenedores de bonos en default, y ha cumplido con todos los pagos acordados.
La decisión de la corte de que Argentina no pueda seguir pagando a los titulares de los bonos reestructurados a menos que pague primero a los demandantes, significa que cualquier acreedor “holdout”[1] podrá torpedear un acuerdo existente con los tenedores de bonos que hayan optado por negociar. Mientras que los individuos y las corporaciones cuentan con la protección de la ley de bancarrota, no existe tal mecanismo para los gobiernos soberanos. En tal medida, la decisión de la corte obstaculizaría gravemente la posibilidad de los acreedores y los deudores de concluir una reestructuración ordenada en caso de producirse una crisis de deuda soberana. Esto podría tener un impacto negativo significativo en el funcionamiento de los mercados financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional ha advertido en repetidas ocasiones.
Quienes invirtieron en bonos argentinos fueron compensados con altas tasas de interés, para mitigar el riesgo de default. Existen riesgos inherentes al invertir en bonos soberanos, pero el fallo de la corte crea un riesgo moral, al permitir a los inversores obtener el reembolso total, sin importar qué tan riesgoso haya sido la inversión inicial.
Los demandantes en el caso compraron bonos argentinos en el mercado secundario luego del default, en varios casos por menos de 20 centavos por cada dólar. Mientras que estos actores podrían haber aceptado la reestructuración a cambio de una ganancia importante, más bien han librado una batalla legal durante una década, en búsqueda de ganancias exorbitantes de más del 1.000 por ciento, generando al paso incertidumbre financiera.
Los acontecimientos recientes también tendrán un impacto directo en los Estados Unidos y en su condición de centro financiero de la economía mundial. Siendo que gran parte de la deuda del mundo en desarrollo se emite bajo la jurisdicción de las leyes de Nueva York y con la utilización de instituciones financieras establecidas en Nueva York, el fallo de la corte hará que sea más probable que los gobiernos soberanos busquen sedes alternativas para la emisión de deuda. Gran Bretaña y Bélgica, por ejemplo, ya han aprobado una legislación destinada a prevenir este tipo de comportamiento de los acreedores “holdout”.
Además, la corte ha impuesto restricciones a los bancos de Nueva York, al impedirles acreditar los pagos de intereses regularmente programados a los titulares de los bonos reestructurados. Desde ya, los bancos enfrentan demandas por parte de los inversores, lo que crea mayor incertidumbre para las instituciones financieras con sede en Estados Unidos.
Argentina ha expresado su disposición a negociar, y ha alcanzado recientemente acuerdos con el Club de París, así como frente a reclamaciones de inversores internacionales.
Esperamos que usted buscará soluciones legislativas para impedir que esta decisión judicial, o resoluciones similares, puedan causar daño innecesario.
Sinceramente,
Robert Solow, Nobel laureate in Economics, 1987, MIT Professor of Economics, emeritus
Dani Rodrik, Albert O. Hirschman Professor in the school of Social Sciences at the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey
Branko Milanovic, Luxembourg Income Study Center, the Graduate Center CUNY, former Lead Economist in the World Bank’s research department
Andrew Allimadi, United Nations, Department of Economics and Social Affairs
Gar Alperovitz, University of Maryland
Eileen Applebaum, Center for Economic and Policy Research
Mariano Arana, Universidad Nacional de General Sarmiento
Leonardo Asta, Università degli Studi di Padova
Venkatesh Athreya, Bharathidasan University
Dean Baker, Center for Economic and Policy Research
William Barclay, Chicago Political Economy Group
Jairo Alonso Bautista, Universidad Santo Tomas
Gunseli Berik, University of Utah
Alexandra Bernasek, Colorado State University
Cyrus Bina, University of Minnesota (Morris Campus)
Josh Bivens, Economic Policy Institute
Peter Bohmer, The Evergreen State College
Korkut Boratav, Turkish Social Science Association
Elissa Braunstein, Colorado State University
Jorge BUZAGLO, University of Goteburg
Jim Campen, Americans for Fairness in Lending
Carlos A. Carrasco, University of the Basque Country
Sergio Cesaratto, University of Siena
Kyung-Sup Chang, Seoul National University
Kimberly Christensen, SUNY/Purchase College
Michael Cohen, New School for Social Research
Brendan Cushing – Daniels, Gettysburg College
Omar Dahi, Hampshire College
Carlo D’Ippoliti, University of Rome
Peter Dorman, Evergreen State College
Amitava Dutt, University of Notre Dame
Dirk Ehnts, University of Oldenburg
Gerald Epstein, University of Massachusetts, Amherst
Susan Ettner, University of California, Los Angeles
Jeffrey Faux, Economic Policy Institute
Massoud Fazeli, Hofstra University
Andrew Fischer, International Institute of Social Studies
Jeffrey Frankel, Harvard Kennedy School
Roberto Frenkel, CEDES Argentina
Kevin Gallagher, Boston University
Chris Georges, Hamilton College
Reza Ghorashi, Richard Stockton College
Jayati Ghosh, JNU New Delhi and Ideas
David Gold, New School University
Neva Goodwin, Tufts University
María Florencia Granato, Corporación Andina de Fomento
Martin Hart-Landsberg, Lewis and Clark
Conrad Herold, Hofstra University
P. Sai-wing Ho, University of Denver
Andreas Hoth
Gustavo Indart, University of Toronto
Joseph Joyce, Wellesley College
J K Kapler, University of Massachusetts Boston
Martin Khor, South Centre
Gabriele Koehler
Andrew Kohen, James Madison University
Nikoi Kote-Nikoi
Pramila Krishnan, University of Cambridge
David Legge, La Trobe University
Henry Levin, Columbia University
Mah hui Lim, South Centre
Rodrigo Lopez-Pablos
Robert Lynch, Washington College
Arthur MacEwan, University of Massachusetts Boston
Jeff Madrick, The Century Foundation
Cheryl Maranto, Marquette University
Ann Markusen, University of Minnesota
Julie Mattahei, Wellesley College
Kathleen McAfee, San Fransisco State University
Elaine McCrate, University of Vermont
Hannah McKinney, Kalamazoo College
Thomas Michl, Colgate University
William Milberg, New School for Social Research
Larry Mishel, Economic Policy Institute
Mritiunjoy Mohanty, Indian Institute of Management
Nicolás Moncaut
Tracy Mott, University of Denver
Michael Murray, Bates College
Luiz M Niemeyer, Pontifical Catholic University of São Paulo
Machiko Nissanke, SOAS University of London
Manfred Nitsch, Free University of Berlin
Jose Antonio Ocampo, Columbia University
Carlos Oya, University of London
Marco Palacios, El Colegio de México
Antonella Palumbo, Roma Tre University
Dimitri B. Papadimitriou, Levy Economics Institute of Bard College
Mark Paul, University of Massachusetts Amherst
Lorenzo Pellegrini, International Institute of Social Studies
Lucia Pittaluga Fonseca, Universidad de la República (Uruguay)
Renee Prendergast, Queen’s University- Belfast
Mark Price, Keystone Research Center
Alicia Puyana, Facultad Latinoamercana de Ciencias Sociales
Charles Revier, Colorado State University
Joseph Ricciardi, Babson College
Malcolm Robinson, Thomas More College
Leopoldo Rodriguez, Portland State University
John Roemer, Yale University
David Rosnick, Center for Economic and Policy Research
Antonio Savoia, University of Manchester
John Schmitt, Center for Economic and Policy Research
Stepphanie Seguino, University of Vermont
Anwar Shaikh, New School for Social Research
Kannan Srinivasan
James Stanfield
Eduardo Strachman
William K. Tabb, Queens College
Ezequiel Tacsir, United Nations University
Philipp Temme, Free University of Berlin
Frank Thompson, University of Michigan
Chris Tilly, University of California, Los Angeles
Mario Tonveronachi, University of Siena
Lawal Tosin
Chiwuike Uba, African Heritage Institution
Bunu Goso Umara
Leanne Ussher, Queens College, CUNY
Rolph van der Hoeven, International Institute of Social Studies
Irene van Staveren, International Institute of Social Studies
Matías Vernengo, Bucknell University
David Weiman, Barnard College
Mark Weisbrot, Center for Economic and Policy Research
Thomas Weisskopf, University of Michigan
John Willoughby, American University
Yavuz Yasar, University of Denver
A. Erinc Yeldan, Yasar University
Erhan Yildirim, Cukurova University
Ben Zipperer, University of Massachusetts, Amherst
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