jueves, 5 de diciembre de 2013

La ignorada y ocultada discriminación contra los ancianos

Por Vicenç Navarro (*)
España es el país, de los muchos en los que he vivido en mi vida –Suecia, Gran Bretaña, EEUU y España-, donde hay más discriminación en contra de los ancianos, y donde hay menos conciencia generalizada de la existencia de dicha discriminación. Está ocurriendo con los ancianos una situación semejante a la que ha venido ocurriendo con la discriminación de las mujeres, discriminación que continúa existiendo pero que, por fin, se admite que existe. Con los ancianos existe, pero todavía no se percibe o reconoce como discriminación.
Como ocurre en el caso de la mujer, tal discriminación permanecía oculta bajo el caparazón de la caballerosidad, en que  siempre se prestaba especial atención en la cultura latina a las mujeres. Se las dejaba pasar abriéndoles la puerta, y los caballeros se quitaban el sombrero para saludarlas. Las buenas maneras caballerescas eran siempre indicador del supuesto trato diferencial y deferencial hacia la mujer, en teoría, el centro de atención, atención caballeresca detrás de la cual existía y continúa existiendo una brutal discriminación.
Algo semejante ocurre con los ancianos, a los que se trata, en teoría, con gran amabilidad. En realidad, el término ampliamente utilizado para definir a los ancianos es el de abuelos, que da la impresión de estima y cordialidad. Llamar a una persona anciana desconocida con el nombre de abuelo es, sin embargo, un término ofensivo y condescendiente en extremo cuando es utilizado por personas que no tienen ningún parentesco con el anciano. Cuando mi nieto me llama abuelo me gusta. Cuando una persona desconocida en la calle me llama abuelo, me molesta. Siempre recordaré a mi padre, una persona muy representativa de la generación de republicanos que perdieron la guerra, que siempre mantuvo su gran dignidad y el orgullo de su pasado, que cuando alguien desconocido le llamaba abuelo, le contestaba “Mire usted, yo no soy su abuelo ni deseo serlo. Llámeme Sr. o Don Vicente”. Esto es lo que me pasa a mí y a millones de ancianos en este país. Y ya no digamos cuando se refieren a los ancianos como viejos, lo cual todavía se utiliza ampliamente como insulto, como puede el lector atestiguar leyendo algunos comentarios hostiles a mis artículos que aparecen en los diarios digitales en los que publico.
Es fácil ver la discriminación hacia los ancianos diariamente. Pequeños detalles saltan aquí y allá. Y como ocurre con todas las discriminaciones, los que discriminan, en su gran mayoría, ni se dan cuenta de ello, pues reproducen una cultura que es altamente discriminatoria. En realidad, los ancianos raramente aparecen en los medios de mayor difusión en los países latinos. Siempre recordaré que una de las cosas que me impresionó más favorablemente cuando viví en Suecia (siendo yo joven) fue ver que la periodista que daba las noticias en la televisión pública de mayor difusión era una mujer de avanzada edad. Nunca lo había visto ni lo he visto en España. En los países latinos, en general, los presentadores son jóvenes, y si son mujeres (reflejando el machismo de la sociedad) tienen que llevar un escote muy amplio. Y raramente se ven películas o programas de televisión que se centren en personajes ancianos. Los ancianos están ya marginados, esperando que se vayan, y algunos incluso les empujarían para que lo hicieran lo antes posible. Como dijo un ministro de Economía y Finanzas del gobierno japonés, “el deber patriótico de los viejos es que se mueran cuando les corresponda” (es decir, lo más pronto posible). Muchos economistas neoliberales lo piensan, pero no lo dicen.
¿Lucha de generaciones o lucha de clases?
Esta manera de ver a los ancianos ha alcanzado su expresión máxima en la discusión sobre las pensiones, que se ha caracterizado precisamente por esta discriminación. Se presenta constantemente la imagen de que la sociedad no podrá pagar las pensiones, pues hay demasiados ancianos y muy pocos jóvenes. Esta aseveración ha alcanzado el nivel de dogma. No se aclara por qué, si la sociedad es cada vez más rica, no puede pagar las pensiones de aquellos que han creado la riqueza. En todos los países de la OCDE, el PIB per capita ha crecido más rápidamente que el porcentaje de la población anciana o el alargamiento de la esperanza de vida. Ello no es obstáculo para que los establishments financiero, económico, político y mediático españoles estén, cada vez más, subrayando que la sociedad se gasta demasiado en los ancianos y muy poco en los jóvenes. La última versión es la del Profesor Antón Costas que, en su columna semanal en El País, indicó este pasado domingo (01.12.13) que España se gasta demasiado en pensiones y muy poco en jóvenes. En otras palabras, el mensaje que se transmite es que los ancianos viven mejor a costa de que los jóvenes vivan peor. La explotación de clase ha sido, así, sustituida por la explotación de unos grupos etarios –los ancianos- sobre otros –los jóvenes-.
Los datos muestran, sin embargo, la falta de credibilidad de esta postura. España se gasta mucho menos en pensiones de vejez (6,9% del PIB) que el promedio de la UE-15 (el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico al español, 9,7% del PIB) y menos de lo que se tendría que gastar por el nivel de desarrollo que tiene. Y, mira por dónde, todos los países que se gastan poco en los ancianos se gastan también poco en los jóvenes. El gasto de educación en España (que beneficia sobre todos a los más jóvenes) es también de los más bajos de la UE-15 (4,97% del PIB versus 6,14% en la UE-15). El problema no es, pues, que se gaste poco en los jóvenes porque se gasta demasiado en los ancianos, sino que el Estado se gasta muy poco, tanto en las transferencias públicas (como las pensiones) como en los servicios públicos (como educación) del Estado del Bienestar. Y ello como resultado de que el Estado recauda menos ingresos de lo que debería recaudar por el nivel de riqueza que tiene (los ingresos al Estado representan sólo un 31% del PIB. El promedio en la UE-15 es un 44%). España es el país que tiene un Estado más pobre, y ello a pesar de que su PIB per cápita (que mide la riqueza del país) es ya casi el promedio de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea.
La causa de que el Estado (incluyendo sus comunidades autónomas) ingrese tan poco no es porque la gente que trabaja, la mayoría de la población adulta, no pague impuestos. En realidad, la gente que está en nómina ya paga cantidades y porcentajes semejantes al resto de la UE-15. El problema no es la mayoría, sino la minoría de gente súper rica (que deriva sus ingresos del capital) y rica, que apenas pagan impuestos. Las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca pagan mucho, mucho menos de lo que usted y yo pagamos. Y ahí está el problema. Es lo que se llamaba antes “la lucha de clases”, que aquella minoría súper rica y rica (el 10% de la población) gana diariamente, término que ya no se utiliza en los medios de información (que aquella minoría controla) por considerarse un término anticuado, sustituido ahora por un término y concepto más “moderno”, la lucha de generaciones. ¿Lo entiende? Ni que decir tiene, este artículo no se aprobaría para su publicación en ninguno de los medios de mayor difusión, mostrando la falta de credibilidad democrática que tienen los mayores medios de información en nuestro país. Ruego al lector que lo distribuya lo más ampliamente posible.
(*) Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

¿Aprueba usted el proyecto de Constitución?

por Luis García Montero


Esa fue la pregunta que se nos propuso con claridad envidiable a los españoles el 6 de diciembre de 1978. Menos claridad había en mi estado de ánimo cuando me acerqué a la urna para votar no en contra de la decisión del partido con el que yo me identificaba. Pero es que no podía votar una Constitución que legitimase como forma democrática la monarquía impuesta por el dictador Francisco Franco. Suponía una traición a la vez para mi razón y mis sentimientos. Quería ser heredero de otra historia.

 años después tengo conciencia de que mi rechazo a la Monarquía era algo más que una impertinencia juvenil. Su presencia en la Constitución significaba que en la realidad española había una parte cerrada a la soberanía popular, una esfera al margen de los ciudadanos y de la política. Miguel de Unamuno se cansó de repetir que entregarle a un rey “el mando supremo de las fuerzas armadas” supone la renuncia del pueblo a ser dueño de su destino y de su poder. Este pensamiento, escrito en tiempos de Alfonso XIII, sirve también para el reino de su nieto.
Y no estoy pensando en la posible reforma de la Constitución para solventar las carencias territoriales. Miren ustedes por donde, en esta semana constitucional y en este reino en crisis, no me parece un asunto prioritario. Lo que sí me parece más grave es constatar que la realidad política española no cumple ni las pretensiones ni los derechos sociales declarados en la Constitución de 1978.
La monarquía, repito, simbolizó la separación entre la España real y la España oficial. En la Constitución de 1978 entraron muchas de las reivindicaciones del movimiento obrero y estudiantil, logradas gracias a una larga lucha contra la dictadura. Se dio valor constitucional a la esperanza de un Estado social y democrático, responsable de promover la libertad y la igualdad de sus ciudadanos. El problema fue que la España real se dejó en manos de la oligarquía económica del franquismo, perpetuada gracias al control político de la Transición. Eso acabó por convertir la España oficial de la Constitución en una gran mentira.
Empecemos por las pretensiones y pongamos como ejemplo la división de poderes: “La Constitución pretende dotar de independencia al Poder Judicial”. ¿Hay alguien decente que se atreva a mantener que la carrera judicial está al margen de los intereses políticos de los partidos mayoritarios? Es sólo un ejemplo. Y paso de las pretensiones a los derechos.
Artículo 35:  “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.
Artículo 40:  “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa”.
Artículo 47:  “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.
Hacen falta pocos comentarios. Nuestra vida cotidiana denuncia el incumplimiento de la Constitución por parte de los Gobiernos sucesivos del PSOE y el PP que han trabajado al servicio de las élites económicas, acabando con los derechos laborales, facilitando el desempleo, el crecimiento de la desigualdad social, y aprobando leyes para que los bancos convirtiesen España en una gran laboratorio de especulación inmobiliaria sin asumir ningún riesgo. Cuando sus negocios salieron mal, se pagó sus deudas con dinero público y se maltrató a los ciudadanos con los desahucios de una ley hipotecaria de carácter sangriento. ¿Tiene algo que ver la realidad española con la distribución equitativa de la renta? En los últimos años, el trabajo basura ha hecho que tener un empleo no signifique vivir fuera de los índices de la pobreza y la marginalidad.
La reforma exprés pactada en agosto de 2011 entre el PSOE y el PP para convertir el control del déficit en un valor Constitucional supuso el certificado de muerte de la voluntad social y democrática de 1978. La oligarquía dio por cancelados los logros de la clase obrera en su lucha por la democracia y santificó la libertad de explotación como valor constitucional prioritario.
¿Qué celebramos el 6 de Diciembre? Un texto muerto, asesinado por la oligarquía. Por eso el único cambio que me parece ahora prioritario es el que permita una reivindicación simbólica de la independencia política. En España, con nuestra historia y nuestra realidad, el ideal republicano supone hoy reclamar la soberanía popular, salvar las leyes del control de las élites financieras, romper la lógica de una Transición malversada. Fuera de ese marco republicano, cualquier declaración social es pura hipocresía. Y los ciudadanos, como la Constitución, merecen fundarse en la sinceridad.