Soy un asiduo lector de los artículos
de Vicenç Navarro. Su enorme conocimiento del entramado económico y político
actual, y su paciente pedagogía que le permite explicar meridianamente lo que
para los no iniciados como yo constituye un galimatías, hacen que sus escritos
sean de lectura obligatoria si queremos comprender lo que está sucediendo en
estos momentos. Valga como ejemplo el que ha publicado hoy en PUBLICO. Lo
retomo, tomándome la libertad de crear nuevos encabezamientos, subrayados indicaciones
y una foto de las manifestaciones en la plaza Neptuno de Madrid, que a la luz
del texto, refleja crudamente la lucha desigual de la élites económicas contra
la ciudadanía.
D.V.
La gran estafa: el Presupuesto de
2013
Por Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y
Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Estos últimos días de septiembre ocurrieron cuatro hechos que definen con toda claridad la raíz del problema al
que España se enfrenta.
1º. Primer hecho: La presentación
del Presupuesto del estado para el 2013.
Uno fue la presentación del presupuesto por parte del Gobierno español
en el que se indica que el Estado tendrá
que pagar casi 40.000 millones de euros a los acreedores (la mayoría bancos
extranjeros y españoles) para cubrir lo que se les debe como consecuencia de
tener que abonarles los intereses de la deuda pública española que poseen. Esta
elevada cantidad se debe a los altos intereses de tal deuda, consecuencia, en
gran parte, no de la especulación de los mercados financieros –como constante y
erróneamente se asume en los medios donde la sabiduría convencional se
reproduce– sino de la oposición del Banco Central Europeo a comprar deuda
pública en los mercados primarios, es decir, directamente al Estado español,
como hace cualquier Banco Central digno de su nombre (tal como el Federal
Reserve Board de EEUU, el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña o el Banco de
Japón). Los máximos beneficiarios de
estos pagos del Estado a los acreedores son los bancos españoles y europeos
(entre los cuales sobresalen los alemanes que tienen una excesiva dimensión,
influencia y protagonismo en las instituciones de la Eurozona) que recibieron prestado dinero del mismo
BCE a unos intereses por debajo de un 1%, con el cual compraron deuda pública
española a unos intereses del 6% y el 7%.
Sobre el Banco Central Europeo.
Un negocio redondo para tales instituciones financieras, que
consiguieron gracias a la ayuda del BCE, que
no es un banco central sino un lobby de la banca y muy en especial de la banca
alemana. A aquellos que consideren el término lobby una exageración les
aconsejo que lean, no ya las actas del BCE (que son secretas) sino las
publicaciones de tal institución. Y verán si dicho término es o no adecuado
para definir el BCE, el mayor promotor hoy en la Eurozona de las políticas de
austeridad (austeridad, por cierto, que no aplica a su propio comportamiento,
pues acaba de estrenar una sede exuberante en Frankfurt que ha costado seis
veces más de lo inicialmente calculado y que albergará a los funcionarios mejor
pagados del establishment público europeo). En tales boletines, la defensa de
los intereses de la banca es central en la percepción de lo que el BCE
considera ser su función. Tal defensa se viste con el traje de que “su misión
es controlar la inflación”. En esta defensa de sus intereses, irán a extremos
que van desde desmantelar la Seguridad Social en España, hasta recuperar la
semana laboral de seis días. Es, como bien dice Noam Chomsky, la lucha de
clases unilateral de una minoría –la banca– en contra de todos los demás.
El poder de la banca: el
endeudamiento de España.
Esta deuda, sin embargo, está basada, en parte, en la enorme
influencia de la banca no solo sobre el BCE sino también sobre el Estado
español. Hoy, la influencia de la banca
sobre la sociedad española rebasa cualquier límite tolerable en un sistema
democrático. Todos –desde los partidos políticos, a la prensa, las empresas
y las familias– están enormemente endeudados con la banca. La actitud tan poco crítica de los medios de información hacia el
comportamiento de la banca y su dominio de la vida política y mediática del
país se basa precisamente en este hecho. En lugar de denunciar esta
relación obvia entre las instituciones financieras y las instituciones
políticas, los medios de mayor difusión y los partidos mayoritarios atribuyen
el endeudamiento al comportamiento supuestamente irresponsable de las familias,
de las pequeñas y medianas empresas (las grandes tienen ya más dinero de lo que
necesitan para invertir) y del Estado. Es lo que se llama en inglés, el “victim
blaming”, es decir responsabilizar a la
víctima de su propia tragedia.
En tal argumentación se ignoran y/u ocultan varios hechos:
1º. El endeudamiento de las familias se debe a la disminución de su capacidad adquisitiva, resultado del
descenso de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta total del
país, descenso que ha sido mucho más acentuado durante los últimos años debido
a las reformas laborales y a la disminución salarial que tales reformas
intentaron y alcanzaron exitosamente.
2º. El endeudamiento de las
medianas y pequeñas empresas se debe,
en parte, al descenso de la demanda de sus productos y servicios,
consecuencia de la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases
populares y también a la gran carestía del crédito, resultado de la desviación
de la actividad crediticia de la banca hacia actividades especulativas más
rentables como las inversiones inmobiliarias, habiéndose establecido el maridaje
banca-sector inmobiliario que llevó al desastre.
3º. El endeudamiento del estado se debe a las políticas fiscales regresivas que han beneficiado
sistemáticamente a las rentas del capital y a las rentas superiores a costa de
las rentas del trabajo. Esta regresividad explica la gran pobreza del
estado (los ingresos al estado español son los más bajos de la UE-15, un 31%
del PIB, comparado con un 44% en el promedio de la UE-15 y un 54% en Suecia). Y
este problema se acentuó todavía más mediante las reformas fiscales regresivas
aprobadas en el momento de expansión económica (estimulada por la burbuja
inmobiliaria). Así, como resultado de la reforma tributaria del 2006, el estado
dejó de recoger en 2008 19.600 millones de euros (según los datos del Servicio
de Estudios y Estadísticas Fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas). Los
impuestos sobre el capital descendieron un 39% y los de las rentas superiores
un 11%.
Sobre el sistema tributario
español:
España no se hubiera endeudado
tanto si hubiera tenido un sistema tributario más justo y más avanzado. La bajada de impuestos explica
que el estado tuviera que pedir prestado a los bancos para cubrir el agujero
creado en sus arcas precisamente como consecuencia de la bajada de impuestos a
las rentas del capital y rentas superiores. Como resultado de esta situación,
el estado, además de bajarles los impuestos a los súper ricos, ahora les paga
unos intereses muy altos, a través de los bancos, por los bonos que han
comprado con el dinero conseguido en los recortes de impuestos. Otro negocio más que redondo, para el
beneficio primordialmente de lo que se llamaba burguesía financiera y los súper
ricos.
Pero esta enorme necesidad de endeudamiento fue una gran golosina, no
sólo para la banca española sino también para la banca europea y, muy en
especial, la banca alemana. De ahí que la banca alemana tenga hoy casi 200.000
millones de euros prestados en el territorio español, tanto en deuda pública
como privada. Y está hoy muy preocupada pues el estallido de la burbuja
inmobiliaria (a la que contribuyó en gran medida a que se inflara) puede
arrasar toda la banca, incluida la alemana.
2º. Segundo hecho: El llamado
rescate al sistema bancario.
Lo cual me lleva al segundo hecho acaecido el 28 de septiembre. La
decisión del gobierno español de pedir el rescate a la banca, mediante el
préstamo de 40.000 millones de euros (casi la misma cifra que el estado español
tendrá que pagar a la banca por la deuda), para asegurarse lo que se llama “la
viabilidad del sistema bancario español”, a lo que tendría que haberse añadido
“y de la banca alemana”. Es decir que el
estado pide dinero (que tendrá que devolver el propio estado, pagado por el
ciudadano español) a las autoridades de la eurozona, donde la banca alemana es
muy influyente, para ayudar a la banca, asegurándose así que no quiebre y que
se pague a la banca alemana (entre otras). Como bien dijo el asesor
económico al gobierno alemán, el Sr. Peter Bofinger, en su comentario sobre la
aprobación de 100.000 millones de euros para el rescate a la banca española
“Esta ayuda no es a estos países en problemas (como España) sino a nuestros
propios bancos que poseen una gran cantidad de deuda privada en estos países”.
3º. Tercer hecho. Las condiciones
leoninas del rescate: el presupuesto del Estado
Este rescate se hace en condiciones
leoninas que tendrán que pagar las clases populares a base de enormes
sacrificios y recortes, incluidos los recortes que recoge el presupuesto
propuesto por el gobierno el día 27 de septiembre, el tercer hecho digno de
mención.
La falta de medidas de protección de la capacidad adquisitiva de los
pensionistas y de los desempleados es un ejemplo más de la insensibilidad social del presupuesto que aparece con toda
intensidad en los recortes de gasto público social y disminución muy notable de
la protección social. Su brutalidad queda demostrada en que incluso la Troika
indicó que las medidas tomadas por el gobierno iban incluso más allá de lo que
la propia Troika les exigía. El gobierno español ha sido siempre el alumno
aventajado del establishment neoliberal que domina las estructuras de la
gobernanza de la eurozona.
Hay Alternativas.
Y todas estas políticas se presentan como las únicas posibles, negando
y ocultando la evidencia fácilmente accesible de que sí las hay.
· El BCE podría actuar, por ejemplo,
como un banco central, con el objetivo de estimular la economía y no sólo
controlar la inflación.
· El estado español podría haber
tenido ya en anteriores presupuestos y en los actuales una política fiscal mucho
más progresiva, de manera que en lugar de recortar las pensiones (para conseguir
1.200 millones de euros):
o podría haber mantenido el impuesto de patrimonio
(consiguiendo 2.100 millones)
o
o anulado la bajada del impuesto de sucesiones
(consiguiendo 2.552 millones)
o
o anulado la bajada de impuestos a las personas
que ingresen más de 120.000 euros al año (consiguiendo 2.500 millones).
o
O en lugar de recortar 6.000 millones en sanidad,
podrían haber anulado la bajada del impuesto de sociedades de las grandes
empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan
sólo el 0,12% de todas las empresas), consiguiendo con ello 5.300 millones.
o
O en lugar de recortar 200 millones a los
servicios de atención a las personas con dependencias, podrían haber eliminado
el subsidio del estado a la Iglesia Católica para que enseñe religión católica
en las escuelas públicas del estado.
Y así una larga, larga lista mostrando que sí que hay alternativas,
como Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos documentado en el libro Hay
alternativas.
Y el estado español podría dejar colapsar bancos en España (Bankia es
un caso claro), estableciendo bancas públicas o subvencionando cooperativas de
crédito que lo garanticen. El rescate
financiero es una ayuda más a la banca y a las rentas superiores que son los
mayores accionistas de tales bancos, sin que se garantice el crédito. Hoy
el obstáculo mayor al ofrecimiento de crédito es la banca, cuyo poder en España
es único en la UE y en la OCDE. Lo que ocurre con los desahucios es un
escándalo sin paralelo en otros países.
Estos tres hechos ocurridos al final de septiembre son indicadores del
enorme poder de una minoría que está consiguiendo lo que siempre desearon: la destrucción de los sindicatos, la
eliminación de la protección social, la bajada de salarios y la desaparición
del estado del bienestar.
3º. Cuarto hecho. Las
movilizaciones ciudadanas.
Permítanme que añada otro hecho digno de mención. El cuarto hecho: las
movilizaciones del movimiento 15-M y otros movimientos para denunciar al
Congreso, en Madrid. Fue sabio de este movimiento renunciar a la ocupación del
congreso. Pero fue digno de ser aplaudido que intentaran denunciar lo que
estaba ocurriendo dentro de él, pues los
otros tres hechos son un indicador de la violación a la democracia que está
ocurriendo en España. Ninguna de tales políticas traducidas en aquellos
tres hechos tiene un mandato popular. Hoy, la mayoría del Congreso es un
instrumento que claramente ni representa ni está al servicio de la mayoría de
la población española. Sus políticas no han sido aprobadas por la ciudadanía
española.
No son los que se manifiestan los
que están atacando a la democracia sino los que están dentro (refiriéndome a
los partidos que están aprobando tales políticas sin mandato popular) que están
violando la democracia.
