Unión sagrada para una sagrada estafa
por Éric Toussaint
El rescate de los bancos y aseguradoras privadas realizado en septiembre-octubre de 2008 constituye una elección política fuerte que no tenía nada de ineludible y que ancla al futuro en varios niveles decisivos.
En primer lugar, el costo de la operación es asumido enteramente por los poderes públicos, lo que implicará un aumento muy importante de la deuda pública . La crisis capitalista actual, que durará al menos varios años, incluso una década, implicará una reducción de los ingresos del Estado mientras que aumentarán sus gastos vinculados al reembolso de la deuda. En consecuencia, las presiones para reducir los gastos sociales serán muy fuertes.
Los gobiernos de Estados Unidos y Europa sustituyeron un tambaleante andamiaje de deudas privadas por una aplastante acumulación de deudas públicas. Según el banco Barclays, los gobiernos europeos de la zona euro emitirán, en 2009, nuevos títulos de deuda pública por un importe que debería alcanzar los 925.000 millones de euros . Se trata de una suma colosal, sin contar las nuevas emisiones de bonos del Tesoro por Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Canadá, etc. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, había un consenso de los mismos gobiernos para reducir la deuda pública.
Todos los partidos de derecha y de centro y la izquierda tradicional apoyaron la política de rescate favorable a los grandes accionistas bajo la falacia de que no había otras soluciones para proteger el ahorro de la población y el funcionamiento del sistema de crédito.
Esta unión sagrada significa la transferencia de la factura a la mayoría de la población a la que se invitará a pagar, bajo distintas formas, las travesuras capitalistas: reducción de los servicios que el Estado presta a la población, pérdidas de empleo, reducción del poder adquisitivo, aumento de las contribuciones de los pacientes en su asistencia sanitaria, de los padres para la educación de los hijos, reducción de las inversiones públicas… y un aumento de los impuestos indirectos.
¿Cómo se financia actualmente las operaciones de rescate en curso en Norteamérica y Europa? El Estado aporta dinero fresco a los bancos y a las aseguradoras, al borde de la quiebra, sea en forma de recapitalización, sea en forma de compra de los activos tóxicos de las empresas en cuestión. ¿Qué hacen los bancos y las aseguradoras con este dinero fresco? Esencialmente compran activos seguros para sustituir los activos tóxicos en su balance. ¿Cuáles son los activos más seguros en este momento? Los títulos de la deuda pública emitidos por los Estados de los países más industrializados (bonos del Tesoro de Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica…).
El círculo se cierra: el Estado da dinero a las instituciones financieras privadas (Fortis, Dexia, ING, bancos franceses, británicos, estadounidenses…). Para ello, los Estados emiten títulos del Tesoro público que son suscritos por estos mismos bancos y estas aseguradoras, que conservan el dominio sobre sus instituciones (ya que el Estado no exige que el capital que aporta le dé derecho a tomar decisiones, ni tampoco a participar en las votaciones) y éstas hacen nuevos negocios prestando el dinero fresco que acaban de recibir de los Estados a estos mismos Estados exigiendo, por supuesto, un interés máximo…
La ley del silencio
Este enorme timo en curso está amparado por la ley del silencio. La omerta se establece entre los principales protagonistas: gobiernos, banqueros ladrones, aseguradoras tramposas. Los grandes medios periodísticos se guardan bien analizar con profundidad el mecanismo de financiación de las operaciones de rescate. Se explayan en detalles sin importancia: el árbol que oculta el bosque. Por ejemplo, la gran pregunta que se plantea la prensa en Bélgica con respecto a la financiación de la recapitalización de Fortis, qué pasa a estar bajo el control de BNP Paribas, es la siguiente: ¿cuánto valdrán las acciones de Fortis en 2012, cuando el Estado que las compró pueda revenderlas? Por supuesto, nadie puede responder seriamente a esta pregunta, pero eso no le impide a la prensa dedicarle páginas enteras. Eso permite desviar la atención. No se analiza ni la filosofía y ni el mecanismo de la operación de rescate. Es necesario esperar que, por la acción combinada de los medios de comunicación alternativos, de las organizaciones ciudadanas, de las delegaciones sindicales y de los partidos políticos de la izquierda radical se denuncie esta gran estafa, y que sea comprendida y denunciada por una parte creciente de la población. No será fácil, el lavado de cerebro de la población es considerable.
A medida que la crisis se agrave surgirá un profundo malestar, que se transformará en desconfianza política con respecto a los gobiernos que realizaron este tipo de operación. Si el juego político continúa sin grandes convulsiones, los gobiernos de derecha de hoy serán sustituidos por gobiernos de centro izquierda que proseguirán una política social-liberal. Del mismo modo, algunos gobiernos de derecha sustituirán a los actuales gobiernos social-liberales. Cada uno a su vez criticará la gestión de sus antecesores, afirmando que vaciaron las arcas del Estado y que no hay margen de maniobra para concesiones a las demandas sociales.
No hay nada inevitable en política
Otro escenario es también posible. En primer lugar, es necesario afirmar que se puede salvar perfectamente de otra manera el ahorro de los ciudadanos y el sistema de crédito. Se puede garantizar la protección del ahorro de la población mediante la nacionalización o estatización de las empresas de crédito y las aseguradoras al borde de la quiebra. Eso significa que el Estado, que se convierte en su propietario, garantiza la responsabilidad de su gestión. Con el fin de evitar que el coste de esta operación vuelva a caer sobre la gran mayoría de la población, que no tiene ninguna responsabilidad en la crisis, las autoridades públicas deben hacer pagar a las empresas que son responsables del hundimiento. Basta con recuperar el coste del rescate de las empresas interesadas, reteniendo un importe igual del patrimonio de los grandes accionistas y administradores. Obviamente, eso significa tener en cuenta el conjunto de su patrimonio y no solamente la parte que concierne a las sociedades financieras en quiebra.
El Estado debe también iniciar acciones legales contra los accionistas y los administradores responsables del desastre financiero, con el fin de obtener a la vez reparaciones financieras (que van más allá del coste inmediato del rescate) y condenas a penas de prisión si se demuestra su culpabilidad. Es necesario imponer un impuesto de crisis sobre las grandes fortunas con el objetivo de financiar un fondo de solidaridad para las víctimas de la crisis (en particular, los desocupados y para crear empleos en sectores útiles para la sociedad.
Numerosas medidas complementarias son necesarias: acceso a los libros contables de las empresas, dando derecho de fiscalización a las organizaciones sindicales; levantamiento del secreto bancario; eliminación de los paraísos fiscales, comenzando por la prohibición a las empresas de tener cualquier transacción o activo, tanto en un paraíso fiscal con el mismo;, impuesto progresivo sobre las transacciones en divisas y sobre los productos derivados (CDS,…), instauración del control sobre los movimientos de capitales y sobre los cambios, congelamiento neto de toda nueva medida de desregulación/liberalización de los mercados y servicios públicos, vuelta a los servicios públicos de calidad… El agravamiento de la crisis volverá a poner al orden del día el tema de la transferencia al sector público de sectores industriales y servicios privados, así como el tema de la puesta en marcha de importantes planes para la creación de empleo.
Todo ello permitiría salir de esta grave crisis por lo alto, o sea, teniendo en cuenta el interés de las poblaciones. Se trata de reunir las energías para crear una relación de fuerzas favorable a la puesta en la práctica de soluciones radicales que tienen como prioridad la justicia social.
Fuente: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10883
